Las responsabilidades y funciones de un abogado penalista se enfocan en proteger el derecho del acusado a un juicio justo, a la presunción de inocencia y al debido proceso judicial. Esto constituye una garantía y un pilar para el correcto funcionamiento del estado de Derecho.
El abogado penalista es un operador jurídico esencial en la administración de justicia cuyas funciones abarcan técnico-procesales, de representación de la víctima, así como responsabilidades éticas y deontológicas.
Su actuación se enmarca dentro de un sistema de normas y legislaciones, que buscan equilibrar el Estado con los derechos y libertades individuales.
¿Qué hace un abogado penalista?
Dentro de las responsabilidades y funciones de un abogado penalista resalta el asesoramiento jurídico integral (pre-procesal y extraprocesal) con el fin de informar al imputado, acusado o víctima sobre sus derechos, la naturaleza de los hechos que se le imputan, las posibles consecuencias jurídicas (penas) y las estrategias legales disponibles.
También tiene con encargo, la elaboración y presentación de escritos y recursos para la defensa, solicitudes de medidas cautelares, etc.
Está a su cargo la defensa en actos de investigación a través de (diligencias urgentes e instructora, defensa en el juicio oral, negociación y conformidad con el ministerio fiscal (conformidad).
Del lado de las responsabilidades éticas y deontológicas, resalta la lealtad y confidencialidad con el cliente, lealtad y confidencialidad con el cliente.
Finalmente, está para ejercer la acción penal, coadyuvando con el ministerio público o de manera independiente como asesor jurídico de la víctima. Puede solicitar medidas de protección, intervenir en la investigación, proponer pruebas, impugnar el sobreseimiento y buscar la reparación integral del daño.
Abogados penalistas reconocidos y mediáticos en México
Es importante aclarar que la “fama” o reconocimiento de los abogados penalistas en México, proviene, en su mayoría, de su participación en casos de alto perfil mediático, ya sea defendiendo a figuras públicas, personajes controvertidos o en procesos jurídicos históricos.
Campos requeridos*
Juan Velázquez
Es conocido por ser el abogado defensor de la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, y por representar a Enrique Peña Nieto durante su presidencia en diversos asuntos. Es socio fundador del bufete “Velázquez & Asociados” y está especializado en derecho penal, administrativo y corporativo.
Rafael Heredia Rubio
Penalista con reconocida trayectoria en el sector público y privado. Ha ocupado importantes cargos en la Procuraduría General de la República y se especializa en litigio penal complejo, delincuencia organizada y derecho constitucional. Fundador del bufete “Heredia Rubio Abogados”.
Juan Ramón Collado Mocelo
Abogado de la élite política y empresarial (ha llevado asuntos de políticos y empresarios); figura mediática por su papel como abogado de personajes públicos y por procesos judiciales en su contra por presuntos delitos financieros que han sido noticia internacional.
Javier Coello Trejo
Fue fiscal anticorrupción y ha defendido casos históricos como el de Raúl Salinas de Gortari. Reconocido por su estilo contundente en tribunales.
José Luis Nassar
Socio fundador de “Nassar Abogados”. Especialista en Derecho penal económico, blanqueo de capitales y compliance. Representa a corporaciones e individuos en casos de alta complejidad.
Alonso Aguilar Zínser
Penalista especializado en delitos económicos y de “white-collar”, con reconocimiento en directorios internacionales (es buscado para casos complejos de corrupción y lavado).
Diego Fernández de Cevallos
Abogado y político muy conocido (ex-senador); aunque su actividad pública es amplia, ha tenido intervención en litigios de alto impacto.
Sergio García Ramírez
Jurista y académico de referencia en Derecho penal y derechos humanos (trayectoria como profesor, juez y autor); es una voz destacada en el campo penal en México.
Wilfrido Castillo Serrato
En su experiencia como abogado litigante en materia de lo penal, se encarga de resolver los delitos cometidos en contra de la vida e integridad personal, contra el libre desarrollo sexual, contra la libertad, contra la salud y delincuencia patrimonial.
¿Cómo saber si es bueno un abogado penalista?
Determinar si un abogado penalista es realmente bueno o competente requiere valorar sus conocimientos técnicos, nivel de ética, experiencia práctica, independencia profesional y capacidad para garantizar los derechos de su cliente dentro del sistema de justicia penal mexicano.
Dominio del Derecho penal y procesal penal
Un buen abogado debe conocer:
- Las etapas del proceso (investigación inicial, complementaria, intermedia, juicio y ejecución).
- Las facultades del ministerio público y del juez de control.
- Los medios de prueba y las técnicas de litigación oral.
- Las estrategias de defensa, amparo y apelación.
Habilidades prácticas y estrategia
En la primera consulta, un buen abogado hará un diagnóstico realista del caso y te esbozará una estrategia de defensa clara con sus posibles escenarios y riesgos.
Debe ser elocuente, tener presencia y poder argumentar de manera convincente ante un juez. Es importante considerar la capacidad de lograr un criterio de oportunidad, un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso es una habilidad invaluable.
Ética profesional
El buen abogado penalista se distingue por su honradez y lealtad hacia el cliente y hacia la justicia. No promete resultados imposibles ni utiliza prácticas ilícitas para obtener favores judiciales.
El Código de Ética del Abogado Mexicano establece: Honradez y veracidad, confidencialidad y lealtad.
Transparencia en honorarios y comunicación constante
Un abogado confiable presenta contrato de prestación de servicios profesionales, establece honorarios claros y entrega recibos. Mantiene al cliente informado del avance del caso mediante reportes o reuniones periódicas.
¿Cuánto cobra un abogado penalista en México?
El costo de contratar a un abogado penalista en México puede variar, ya que depende de muchos factores como la gravedad del delito, la duración del proceso, la reputación y experiencia del abogado y los servicios que se incluyan.
Los costos se pueden establecer por asesoría inicial (1-2 horas): mil 500 – 5 mil MXN.
Elaboración de un escrito específico (amparo indirecto, incidente): 5 mil – 25 mil MXN.
Representación en una audiencia: 8 mil – 50 mil MXN, dependiendo de la complejidad.
Es común, que en casos largos y complejos, se establece una mensualidad fija que cubre el trabajo continuo (asesorías, escritos, audiencias, etc.).
El rango va desde 15 mil MXN hasta 100 mil MXN mensuales, dependiendo del abogado y el caso.
También se pacta una cantidad fija por llevar el caso desde el inicio hasta su conclusión definitiva, que puede ir desde 50 mil MXN para un caso relativamente simple, hasta 500 mil MXN o mucho más para casos de alta complejidad y perfiles de clientes adinerados.
En lo que respecta a honorarios de éxito o “contingencia”, este esquema es ilegal y éticamente prohibido según el código modelo de la federación interamericana de abogados y la mayoría de los códigos de ética profesional.
Un abogado no puede vincular su pago al resultado de un caso penal (ej: “si te absuelvo, me pagas X cantidad”). Esto fomenta conductas corruptas.
Bufete jurídico o un abogado penalista: ¿qué elegir?
Un abogado penalista o un bufete jurídico sólido cumplen la misma función: garantizar el respeto a los derechos del acusado o la víctima y procurar una defensa justa.
La diferencia radica en el modelo de atención y el alcance operativo.
Si se busca cercanía, comunicación directa y trato humano se puede elegir al abogado penalista independiente, por el contrario, si se requiere estructura, recursos técnicos y varios especialistas, es recomendable contactar a un bufete jurídico penal.
Conclusión
Un abogado penalista conoce a fondo el derecho penal mexicano y el sistema acusatorio, está capacitado para analizar pruebas, construir una teoría del caso coherente y proteger los derechos del acusado o la víctima en cada etapa del proceso. Elegir al abogado penalista adecuado implica valorar su trayectoria, ética profesional y capacidad de litigación oral, factores que garantizan una representación legal eficaz y justa.
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